Opinión. David García, presidente nacional de CCD y alcalde de Nules (Castellón)
El pasado 20 de noviembre, el Congreso aprobó una nueva reforma educativa en España por un estrecho margen, la denominada Ley Celaá. Una nueva imposición en materia educativa de un Gobierno sobre el resto (al igual que la anterior), sin consenso en un tema tan trascendental como es la formación de las futuras generaciones.
No a la Ley Celaá (aprobada por el gobierno PSOE/PODEMOS).
No a la LOMCE (aprobada por el último Gobierno del PP).
No a leyes educativas cada 4 años.
No a ninguna ley educativa que no sea fruto del consenso educativo y político.
La nueva reforma educativa es otro parche más que no soluciona el problema. Hace falta una legislación ambiciosa, hecha por los profesionales del sector de la educación y con planificación a largo plazo (por lo menos que permita evaluar resultados de una generación).
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Y ello, evidentemente, no será posible sin el consenso político. Lamentable espectáculo que están dando unos y otros, los otros y los unos. Tanto los que hoy “imponen” esta ley de una mayoría sobre el resto, como los que se quejan desde la oposición pero hicieron lo mismo en 2013 cuando gobernaban con mayoría absoluta.
Mientras tanto, en tanto en cuanto la educación siga siendo una herramienta política, seguiremos estando a la cola. Y cada vez peor.
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